En esta jornada participó la directora de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de Montevideo, Fabiana Goyeneche.
Montevideo, ciudad líder de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia (Coalición LAC) y sede de su Secretaría Técnica, suscribió a esta campaña que tiene por objetivo reunir a 1000 gobiernos locales de todo el mundo para el año 2030, a fin de fortalecer el movimiento global de ciudades y territorios de derechos humanos.
La iniciativa es promovida por la co - presidencia de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), con el apoyo de otros miembros de esa red.
La campaña sigue a la firma de un acuerdo de colaboración entre CGLU y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en el año 2021.
Concretamente, se pretende que:
- Se conecten las iniciativas locales a nivel internacional, para promover la solidaridad, la cooperación y el diálogo entre ciudades y territorios de derechos humanos de diferentes regiones del mundo
- Se fortalezca y amplíe el movimiento mundial de ciudades y territorios de derechos humanos
- Se amplíen las acciones locales en materia de derechos humanos para impulsar el reconocimiento y la participación de los gobiernos locales y regionales en las agendas globales; y en los mecanismos de derechos humanos, incluso a nivel de la ONU
- Se fomenten que los gobiernos locales y regionales inicien procesos para la adopción y el reconocimiento de marcos locales de derechos humanos que guíen su acción local
Porqué sumarse a la campaña
La ratificación de los derechos humanos ha sido un logro clave del último siglo para avanzar hacia un mundo de paz y progreso social para todas y todos.
La aplicación de la legislación internacional sobre derechos humanos es tanto una responsabilidad de los gobiernos locales como una oportunidad para actuar en nombre de sus habitantes, responder a sus necesidades, aspiraciones y garantizar su dignidad.
Convertirse en una ciudad de derechos humanos representa un compromiso para mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes; y también para definir nuevas modalidades para la acción pública, potenciando el papel de los gobiernos locales para construir sociedades inclusivas, resilientes y pacíficas.
Al impulsar los derechos humanos como vector de transformación y empoderamiento para renovar el contrato socio-territorial con las comunidades locales, las ciudades de derechos humanos también reivindican la importancia del pilar democrático, que incluye la necesidad de fomentar la participación de las y los habitantes, así como la colaboración con la sociedad civil y sus organizaciones.
