No debe haber excepciones cuando un enfermo de COVID-19 necesite servicios de salud para salvar la vida” afirmaron los expertos de la ONU en derechos humanos, agregando que “la crisis debida al coronavirus precisa abordarse respetando todas las garantías fundamentales, incluyendo a todos los colectivos”. Por esta razón, explicaron que “todas las políticas de salud deben contemplar los principios de no discriminación, participación, empoderamiento y rendición de cuentas”.
El COVID-19 supone un grave desafío global y es un llamado de atención para que se revitalicen los principios universales de los derechos humanos, sostuvieron los expertos e instaron a confiar en que el conocimiento científico prevalezca sobre la información falsa, los prejuicios, la discriminación, la desigualdad y la violencia.
La respuesta a la crisis no termina en que los sistemas sanitarios públicos cuenten con los recursos que necesitan para prevenir, detectar, dar tratamiento y ayudar a la recuperación de los enfermos sino que requiere que los gobiernos tomen medidas adicionales de protección social, apoyando a los sectores de la población que serán afectados desproporcionalmente en esta emergencia.
Actuando a escala ciudad
Aún en diferentes etapas, nuestras ciudades enfrentan la epidemia de Covid-19. El papel de los Alcaldes, Prefeitos, Intendentes y la de todos los servicios que actúan a escala local, serán decisivos para responder a esta crisis de salud, que podemos anticipar, no tendrá solo un impacto en el tejido económico local sino también en nuestras interacciones sociales, en las relaciones internacionales, o en dejar a muchos por el camino.
Ciudades latinoamericanas, caribeñas y del mundo entero han redoblado esfuerzos, han innovado en prácticas, concentrándose en el combate de un enemigo desconocido y de comportamiento impreciso, pero ante todo, que pone en riesgo a sectores de la población muy vulnerables como personas mayores, pueblos indígenas, mujeres, desplazados, personas pobres, presos, indigentes, migrantes y personas LGTBI.
Desde generar programas para atender a poblaciones en riesgo de discriminación hasta crear espacios de comunicación (redes, radios comunitarias, help lines, juegos y comunidades online), facilidades de transporte para personal de la salud y otros servicios esenciales, las ciudades han tenido que reinventarse ante este nuevo desafío. La salud de sus poblaciones está en riesgo ante la pandemia y ante otro flagelo: la discriminación.
Latinoamérica y el Caribe están transitando una etapa compleja que se suma a las complejidades que ya tiene la región. No obstante, los gobiernos locales, han tenido la oportunidad de nutrirse de las experiencias y medidas adoptadas por países asiáticos y europeos, en donde el COVID-19 golpeo con anterioridad. Sin embargo, y ante esta avalancha de ideas, medidas, soluciones, la población civil también nos ha dado una lección y esta es la práctica continua de la solidaridad, especialmente ante aquellas poblaciones, minorías mas expuestas a ser dejadas de lado.
Solidaridad, “mentalidad de emergencia humanitaria”, “espíritu de unión”, o cualquier otro término similar que se acuñe, vale para entender que estamos en tiempos de trabajar juntos para elaborar planes, desarrollar estrategias y continuar en la continua defensa de los derechos humanos, especialmente en estos momentos de crisis.
